En medio del bullicio de una ciudad que avanza sin rumbo, donde las noticias pasan tan rápido como los autos en las avenidas principales, hay historias que se silencian, que duelen, pero que a su vez exigen ser contadas. Sin embargo, bajo esa superficie de normalidad, a veces se esconden historias que sacuden la conciencia colectiva. En San Juan De Lurigancho, un caso reciente ha roto esa ilusión de tranquilidad, exponiendo las grietas de una sociedad que aún lucha por proteger a los más vulnerables. Se trata de una denuncia por abuso sexual, un delito que involucra a una menor de 16 años y a una persona mayor, identificado como Aguilar Quezada, Luis Edgardo.

Los hechos comenzaron a finales de 2022, en la casa de la menor afectada, donde una menor de 14 años identificada con las iniciales K.A.Q.A empezó a ser víctima de presuntos abusos sexuales perpetrados, según la denuncia, por Aguilar Quezada, Luis Edgardo. Durante dos años, entre finales de 2022 y finales de 2024, la adolescente vivió bajo un ambiente de silencio y temor, sin atreverse a revelar lo que ocurría. La menor joven, que para entonces ya había cumplido 16 años, se enfrentó sola a las secuelas de una situación que, de acuerdo al relato inicial, se desarrollaba en su propio dormitorio, un espacio que debería haber sido seguro. La denuncia señala que los abusos, que por lo que cuenta fueron continuos, se mantuvieron ocultos debido al miedo de la menor a las represalias y a la presión de preservar la estabilidad familiar.

El punto de quiebre llegó a finales del 2024, cuando el presunto agresor, un hombre de 42 años conocido en el entorno de la menor, se ausentó del hogar debido a un viaje de él. Este hecho, que dejó a la familia temporalmente sin su presencia, creó un espacio de seguridad para la adolescente. Fue entonces cuando la menor agraviada decidió romper el silencio y hablar con su madre, quien se convirtió en la primera persona en conocer los detalles de lo sucedido. Según el testimonio inicial, la madre y la tia de la menor agraviada, al tomar conocimiento de la gravedad del asunto y los hechos, acompañaron a su hija a presentar una denuncia formal ante las autoridades en la comisaría Santa Elizabeth. El caso fue registrado bajo la intervención de la Policía Nacional, que identificó al acusado como Aguilar Quezada, Luis Edgardo, y dio inicio a una masiva investigación que buscó esclarecer la forma y los hechos y determinar las responsabilidades.

El caso, como muchos de esta naturaleza, generó reacciones por parte de la familia de la menor, manifestando su profundo malestar por la forma en que las autoridades han ido manejado un proceso tan delicado que afecta a una familia, expresando a su vez una respuesta lenta y poco efectiva por parte de las autoridades. La menor adolescente decidió hablar y contar del caso tras experimentar un temor creciente a quedar embarazada, esta situación impulsó en ella revelar todo lo que ocurrido después de años de silencio.

Por otro lado, esta tensión ha polarizado mucho la situación exigiendo justicia y respaldo psicológico para la victima, de acuerdo con el marco legal vigente, el delito de abuso sexual contra menores de edad constituye un crimen grave con penas que en este caso, la pena podría osilar entre los 20 y 26 años de prisión efectiva, e incluso mas si se llegara a comprobar un agravante como la relación de parentescos directo entre victima y acusado, acreditando que hubo amenazas, coacción o algún tipo de violencia tanto física como psicológica.

Tras esto, el acusado Aguilar Quezada, Luis Edgardo, fue inicialmente privado de libertad, pero recuperó su libertad semanas después, al no encontrarse elementos probatorios para sostener la prisión preventiva. No obstante, el proceso legal sigue su curso, la fiscalía ha programado nuevas audiencias para las próximas semanas, en las que se espera la incorporación de pericias psicológicas, declaraciones ampliadas y más elementos que establezcan los hechos denunciados.

En estos tipos de casos, mayormente la falta de pruebas contundentes genera muchas dificultades y también la de no saber sostener una declaración en un proceso judicial, hace que en la mayoría de estos caso hace que estas denuncias no prosperen a más, ya que si las personas agraviadas no recuerdan exactamente los hechos o cambian algo de su testificación, el caso lo más probable es que sea desestimado por el juez encargado de velar el resultado final del proceso.

En el Peru, segun datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, mas del 70% de victimas de abuso sexual son menores de edad, y la mayoria de sus agresores forman parte del circulo cercano

Esto refleja una realidad muy triste por las formas en cómo el sistema judicial da muchas vertientes de salida a las personas acusadas o hasta las mismas condenadas, la escasez de cámara Gesell hace mucho más lento todos los procedimientos que un país demasiado burocrático, y falta de sede de estas salas hace que todo se centralice en la capital dejando a las regiones que tienen casos similares muy desabastecidas con todo el proceso, volviéndose así una situación que día a día toma más fuerza oscureciendo la vida de las víctimas, por consecuencia de la falta de atención que ponemos en nuestras familias por ello necesitamos proteger a quien más nos necesita.