En vísperas de las próximas elecciones generales, Francisco revisa su celular desde la comodidad de su sillón, en medio de las noticias matutinas, un titular le salta a la vista: "Detectan más de 300 mil firmas falsas usadas para inscribir partidos políticos". Su reacción es la misma que la de miles de peruanos: una mezcla de sorpresa, indignación… y resignación. "Otra vez", murmura, recordando cuando días atrás se enteró que está afiliado a un partido político sin saber cómo llegó a inscribirse en ello.

Ciudadano afectado por afiliación indebida. Foto: composición MC

El caso de Francisco no es un caso aislado. Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), a finales de abril del presente año se han detectado cientos de miles de firmas falsas en el proceso de inscripción de partidos políticos. Detrás de esas cifras hay nombres con peso político vigente. Perú Moderno aparece con (16560) firmas irregulares. Le sigue Partido Prin (13292), Demócrata Verde (7204), Primero la Gente (5428) y Perú Primero (5117), continuando con Voces por el pueblo (4228). Y la lista continúa dando un total de 32 partidos que lograron su legalización con documentos que hoy están bajo sospecha.

La falta de responsabilidad de estas organizaciones políticas sólo alimenta la percepción de que la política es un juego sucio, dónde las reglas son burladas para ser manipuladas a conveniencia. Y los ciudadanos, una vez más, son los grandes perjudicados para sorpresa e indignación se apoderaron de más de 700 ciudadanos quienes denunciaron haber sido afiliados a partidos políticos sin su consentimiento entre diciembre de 2019 y 2025, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los partidos con más denuncias son el Partido Nacionalista Peruano (117 registros), el Partido Popular Cristiano (90), Acción Popular (68), Somos Perú (51) y el Alianza Popular Revolucionaria Americana (46), La magnitud de esta cifra nos invita a reflexionar sobre la integridad de quienes buscan representar al pueblo.

Estas denuncias, que se clasifican bajo la categoría de indebidas, han generado una profunda preocupación en muchos de los ciudadanos que se encontraron en una situación desconcertante, ya que algunos estaban afiliados a partidos políticos, lo que implica un uso indebido de información personal que abre la puerta a posibles procesos penales por delito contra la fe pública. Es un problema que no solo vulnera derechos ciudadanos fundamentales, sino que también compromete la transparencia del sistema electoral.

Frente a la presión pública, la entidad del JNE anunció una medida con premura, eliminar el cobro de S/46.20 por el trámite de desafiliación partidaria, permitiendo que los ciudadanos pudieran retirarse de aquellas organizaciones políticas en las que nunca aceptaron estar. Cuando alguien descubre que su nombre ha sido inscrito sin su consentimiento, el JNE abre una ventana, ya sea presencial o virtual, para que ese ciudadano solicite su desafiliación. Tras está petición, el JNE notifica al partido correspondiente, que dispone de 15 días hábiles para responder, de lo contrario si opta por el silencio administrativo, la desafiliación se hace efectiva. Hasta ahora, 50 procesos han llegado a su fin, 37 reclamaciones fueron aceptadas y 13 rechazadas.

Fuente: Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

Como si no bastará con todo lo anterior, aunque se han presentado 40 denuncias por firmas falsas ante el Ministerio Público, aún no es posible denunciar formalmente por afiliaciones indebidas. Las sanciones recaen sobre los personeros y responsables del partido, quienes enfrentan cargos por falsificación de documentos, según lo dicho por Felipe Paredes, Director del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (ROP). Sin embargo, la incertidumbre está presente: ¿cómo se permitió que ocurriera un fraude de tal magnitud?

La respuesta nos lleva a junio de 2023, cuando la Reniec comunicó al JNE su decisión de retirarse del proceso de verificación de firmas bajo el contexto de la culminación del proceso electoral de 2023. Esta medida le habido sido otorgada diente un convenio interinstitucional firmado en el año 2016. Reniec expresó que no se contaba con el presupuesto adecuado además de la sobrecarga laboral, motivos que, aun siendo lógicos desde la mira administrativa, se tuvo como consecuencia el vacío crítico ante la fiscalizaciones del sistema político.

El JNE, consciente de su importancia en la verificación de firmas, subrayó que esta labor era fundamental para proteger la identidad de los ciudadanos e impedir lo que pasaría dos años después, una avalancha de afiliaciones fraudulentas. Así el retiro de Reniec, no solo desprotegido a miles de peruanos, sino a su vez dejó al descubierto una grieta institucional que fue aprovechada por partidos políticos para inflar sus padrones de afiliados.

Como último antecedente, nos situamos en diciembre del 2019 donde se emite la Resolucion N.° 0345-2019-JNE, que implantó el número mínimo de personas afiliadas como requisito indispensable para lograr la inscripción de agrupaciones políticas ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), esta petición estímulo una búsqueda sin cesar por recolectar firmas…. muchas veces, al límite de la ley.

Hoy en día, el daño está hecho. Aunque las medidas de corrección han comenzado, deja una lección que permanece: Así se abrió paso al fraude. En Perú, el Estado no protege debidamente la identidad de sus ciudadanos, la política deja de ser una elección y se convierte en una imposición disfrazada. Y eso, en una democracia, no puede ser una opción.