Miles de ciudadanos descubren que han sido afiliados a partidos políticos sin su consentimiento, desatando una ola de denuncias y cuestionamientos al sistema electoral.

El Perú, en este último mes del presente año, ha sido testigo de un creciente escándalo relacionado con afiliaciones políticas no consentidas. Con más de 300,000 registros de afiliación que presentan firmas falsificadas, afectando a ciudadanos que desconocían su vinculación con partidos políticos, esta situación fue demostrada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), además la jefa Carmen Velarde Koechlin declaró que "dentro del periodo de los años 2021 al 2025 se ha verificado aproximadamente a 2.4 millones de afiliados en diversos partidos políticos", esta situación ha generado preocupación entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente ante la proximidad de las elecciones generales de 2026.

Los partidos con más denuncias de afiliación sin consentimiento según el Jurado Nacional de Elecciones entre los años 2019 a 2025 son el Partido Nacionalista Peruano (117 registros), el Partido Popular Cristiano (90), Acción Popular (68), Somos Perú (51) y el APRA (46), La magnitud de esta cifra nos invita a reflexionar sobre la integridad de quienes buscan representar al pueblo.

Además, ante esta problemática, el Reniec anunció la implementación de biometría facial para validar la autenticidad de las afiliaciones a partidos políticos.

A su vez, las medidas prematuras que ha tomado el JNE es anular el cobro de s/46.20 por el trámite de desafiliación partidaria, por otro lado, se dio la apertura de una plataforma para realizar la denuncia de manera virtual.

Proceso de desafiliación a una organización político en la página web de la JNE. Foto: composición de MC

Este escándalo ha puesto en evidencia las debilidades del sistema de afiliación política en el país, resaltando la necesidad urgente de reformas que garanticen la transparencia y el respeto a la voluntad ciudadana. Por ello la implementación de estas medidas son pasos fundamentales para restaurar la confianza en el proceso electoral y en las instituciones democráticas del Perú.